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ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO EN CASOS DE FEMINICIDIO
Martes, 7 de Junio de 2016

Pronunciamiento caso Lidia Flores Quispe
La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 50 organizaciones a nivel
nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley N° 348 y el acceso a la justicia en casos de
violencia contra las mujeres, denuncia irregularidades en el proceso penal contra Hidalgo Dionicio
Sarzuri Castillo por el delito de feminicidio de Lidia Flores Quispe de 18 años de edad. Este hecho
se produjo el 30 de agosto de 2015 en el municipio de Patacamaya, departamento de La Paz.


ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO EN CASOS DE FEMINICIDIO
Pronunciamiento caso Lidia Flores Quispe
La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 50 organizaciones a nivel
nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley N° 348 y el acceso a la justicia en casos de
violencia contra las mujeres, denuncia irregularidades en el proceso penal contra Hidalgo Dionicio
Sarzuri Castillo por el delito de feminicidio de Lidia Flores Quispe de 18 años de edad. Este hecho
se produjo el 30 de agosto de 2015 en el municipio de Patacamaya, departamento de La Paz.
Lidia Quispe fue encontrada sin vida en su domicilio, teniendo como presunto autor a su ex
enamorado, quien luego de haber ingresado a la madrugada precedió a violarla para luego de la
manera más cruel poner fin a su vida, procediendo además a llevarse a objetos que pertenecían a
Lidia.
Posteriormente a los hechos, el Fiscal de la Localidad de Sica Sica, al conocer que días antes Lidia
ya había sufrido la amenaza de muerte por parte de Hidalgo Sarzuri, encontró al ahora imputado
en el Batallón del Regimiento Eliodoro Camacho de la ciudad de Oruro, con todos los objetos
sustraídos pertenecientes a víctima.
El ahora imputado fue autor confeso de la muerte y violación de Lidia, por lo que la Jueza de
Patacamaya Dra. Verónica Juarez dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro de la
ciudad de La Paz.
La madre y los hermanos de Lidia se vieron muy presionados por la familia del imputado e incluso
por las autoridades para hacer posible una conciliación y aceptar un proceso abreviado con una
pena atenuada de homicidio, lo cual está totalmente al margen de la Ley N° 348. Ofrecimiento que
la familia negó rotundamente indicando, de manera expresa, que la vida de Lidia Flores Quispe no
tiene precio.
Sin embargo, consideramos vergonzoso evidenciar como el sistema de justicia violenta los
derechos de las mujeres al manipular la justicia de la manera más grosera, siendo que en el caso
se tiene de relevante y comprobable, lo siguiente:
 Se imputa el caso, en primer término, como asesinato y robo, cuando de todas las pruebas
recolectadas se refleja claramente un hecho criminal que denota la existencia de violencia
sexual y que el presunto autor mantuvo una relación afectiva con la víctima, presupuestos
objetivos previstos en el delito de feminicidio. En este sentido, la querella de los padres y
su multiplicidad de solicitudes de ampliación de la imputación por feminicidio fueron
vanos, cuando la fiscal resumió en comunicar a la jueza sobre la querella.
 Ante una mala valoración de la prueba en el mes de marzo del presente año la Jueza de
Patacamaya dispuso, mediante resolución, que el imputado desvirtúa algunos de los
riesgos procesales que fueron la fundamentación para la detención preventiva, resolución
apelada por los padres de la víctima y querellantes, sin embargo hasta el día de hoy la
jueza de Patacamaya no habría remitido el cuaderno de apelación al Tribunal
Departamental de Justicia, tal cual señala el Art. 405 del CPP (24 horas). Ante la solicitud
de la parte querellante a efectos de que se remita el cuaderno de apelación la autoridad
resumía sus actuaciones pidiendo informes al personal de su despacho. Todos estos
extremos dieron lugar a que la parte querellante se encuentre a diario en el juzgado
realizando los reclamos correspondientes, sin éxito alguno.
 El día 6 de Junio del presente año, se señala audiencia de cesación a la detención
preventiva, sin que se resuelva la apelación interpuesta por la parte querellante. La Jueza
de Patacamaya ante la ausencia de la Fiscal y en total desconocimiento de los derechos de
la víctima, desvirtúa todos los riesgos que quedaban y lo deja en libertad, ignorando todas
las pruebas del cuaderno de investigaciones que demuestran su autoría en el hecho de
feminicidio ni se realiza una valoración de la prueba y mucho menos realiza una
fundamentación. Desconociendo de esta manera la línea jurisprudencial existente en
sentido de no considerar una nueva solicitud de cesación detención preventiva mientras
una resolución anterior que hubiere sido apelada aún no haya sido resuelta.
Por estos motivos es que exigimos:
 Al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de
Patacamaya, hacer efectivo del debido proceso, tal cual lo señala el marco constitucional,
por lo tanto, debe remitir las apelaciones presentadas por la parte querellante al Tribunal
Departamental de Justicia.
 Se realice en grado de apelación una correcta revisión de las resoluciones en el marco de
los preceptos constitucionales y los estándares internacionales de Derechos Humanos de
las mujeres
 Al Estado boliviano que a través del Ministerio Público realice una investigación inmediata,
seria e imparcial de conformidad a los normas especiales en relación a los derechos de las
mujeres, aspectos que fueron recogidos por la Ley N° 348 y los estándares internacionales
de Derechos Humanos, haciendo que los/as funcionarios/as del sistema penal, cumplan
con el deber de investigar, procesar y sancionar todos los hechos de violencia contra las
mujeres, tal como recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en julio de
2015, siendo además que esta obligación está contenida en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ratificada por Bolivia,
respecto a la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado varios
precedentes ante la ineficacia del sistema judicial como en el emblemático caso Campo
algodonero Vs. México y otros.
 A la Fiscalía General realizar el seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público a
efecto de lograr una correcta tipificación que adecue la conducta del imputado al delito
que corresponda conforme a Ley, pues en el presente caso se tiene claramente un delito
de feminicidio. En relación a este punto se debe tener presente que el tipo penal de
feminicidio se encuentra tipificado como un delito autónomo en el Código Penal, y
tipificarlo como en asesinato sólo invisibiliza los hechos de extrema violencia que viven las
mujeres a diario, siendo que ya la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de
las Naciones Unidas señaló que el “Estado debe transmitir un mensaje inequívoco de que
la violencia contra la mujer es un acto penal grave que será investigado, enjuiciado y
castigado”
¡¡¡LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO SE TRANZA
JUSTICIA PARA LIDIA FLORES QUISPE!!!


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