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A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Miercoles, 15 de Junio de 2016

El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ante los acontecimientos que vienen suscitándose en el país y que significan una serie de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos de ciudadanos y ciudadanas individuales y colectivos, en cumplimiento de nuestros principios institucionales, deja constancia de lo siguiente:

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ante los acontecimientos que vienen suscitándose en el país y que significan una serie de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos de ciudadanos y ciudadanas individuales y colectivos, en cumplimiento de nuestros principios institucionales, deja constancia de lo siguiente:

- Consideramos que las personas con discapacidad, actualmente movilizados a nivel nacional por la reivindicación de sus derechos, como es el de paliar las profundas necesidades económicas que afectan a los componentes de la organización, tienen exactamente el mismo derecho de ser escuchados por el Presidente del Estado Plurinacional y sus ministros que cualquier otro ciudadano, organización o movimiento social del país. El fatal accidente de tránsito que cobró la vida de 2 personas con discapacidad y dejó cuatro heridos, en un punto de vigilia en Cochabamba, la madrugada del 9 de junio, no es sino una consecuencia trágica de la falta de atención tan prolongada a las demandas de este sector.

- El tratamiento legal del abogado Eduardo León viene siendo desarrollado sin observar las más mínimas garantías Constitucionales que le asisten, como a cualquier ciudadano boliviano, como ser el debido proceso, la presunción de inocencia y otros que vulneran los derechos que como ser humano le corresponden.

- El cierre de la Empresa Nacional de Textiles (ENATEX) constituye, más allá de cualquier reparo técnico, una violación al derecho laboral de los fabriles y deja en total indefensión a más de 800 familias, que encuentran su sustento en el salario que perciben los obreros de la mencionada industria textil.

- La exigencia de la interventora del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC), Larisa Fuentes, para forzar una retractación del sociólogo Diego Ayo y de los resultados que obtuvo como fruto de una investigación académica acerca del FONDIOC, constituye una insoportable muestra de arrogancia y una violación del Derecho a la libre expresión del autor y el derecho a la información del público y la colectividad nacional.

- Observamos con preocupación la ausencia permanente de instancias públicas que acompañen y defiendan los Derechos Humanos de la ciudadanía boliviana, lo que perjudica el avance de la democracia, el estado de derecho y el proceso de cambio instaurado por la sociedad nacional y el actual gobierno. De esta forma, nos extraña sobremanera el “mutismo, silencio y desatención” de la Defensoría del Pueblo, institución definida por ley para la preservación, cuidado, protección y defensa de los Derechos Humanos de la ciudadanía, constituyéndose por su actuar actual en una instancia que, más que defender los derechos de las víctimas, se presta a cuestionar y dividir a las organizaciones sociales en conflicto.

Por ello exhortamos al Gobierno a:

- Propiciar de forma urgente y oportuna un proceso de diálogo y escucha activa con las personas con discapacidad movilizadas suspendiendo inmediatamente la represión policial, escuchar sus demandas y negociar las mismas en los marcos de respeto que ellos y ellas merecen y las capacidades técnicas y económicas que las condiciones del país lo permitan.

- Preservar el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos y la Constitución en el tratamiento legal del Dr. Eduardo León, en el marco del cumplimiento de la normativa legal vigente.

- Escuchar las demandas de los trabajadores de la Empresa Nacional de Textiles (ENATEX) y la Central Obrera Boliviana, que apoya las mismas, y establecer los canales y mecanismos necesarios para encontrar soluciones integrales con dichos trabajadores.

- Proteger la libertad de expresión respetando el derecho a la divergencia política, ideológica, de credo, etc.

- Garantizar, según mandato constitucional, a la ciudadanía la certeza de que sus manifestaciones, pensamientos y demandas van a ser respetados y que cualquier manifestación ciudadana que no caiga en las esferas de la violación de un Estado de Derecho es una manifestación de democracia que merece ser respetada y escuchada por el poder.

- Exigir a las instituciones públicas del Estado dar respuestas claras y oportunas a los problemas que se viven actualmente en el país para evitar desenlaces imprevisibles.

Observamos con preocupación la ausencia permanente de instancias públicas que acompañen y defiendan los Derechos Humanos de la ciudadanía boliviana, lo que perjudica el avance de la democracia, el estado de derecho y el proceso de cambio instaurado por la sociedad nacional y el actual gobierno. De esta forma, nos extraña sobremanera el “mutismo, silencio y desatención” de la Defensoría del Pueblo, institución definida por ley para la preservación, cuidado, protección y defensa de los Derechos Humanos de la ciudadanía, constituyéndose por su actuar actual en una instancia que, más que defender los derechos de las víctimas, se presta a cuestionar y dividir a las organizaciones sociales en conflicto.

Por ello exhortamos al Gobierno a:

- Propiciar de forma urgente y oportuna un proceso de diálogo y escucha activa con las personas con discapacidad movilizadas suspendiendo inmediatamente la represión policial, escuchar sus demandas y negociar las mismas en los marcos de respeto que ellos y ellas merecen y las capacidades técnicas y económicas que las condiciones del país lo permitan.

- Preservar el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos y la Constitución en el tratamiento legal del Dr. Eduardo León, en el marco del cumplimiento de la normativa legal vigente.

- Escuchar las demandas de los trabajadores de la Empresa Nacional de Textiles (ENATEX) y la Central Obrera Boliviana, que apoya las mismas, y establecer los canales y mecanismos necesarios para encontrar soluciones integrales con dichos trabajadores.

- Proteger la libertad de expresión respetando el derecho a la divergencia política, ideológica, de credo, etc.

- Garantizar, según mandato constitucional, a la ciudadanía la certeza de que sus manifestaciones, pensamientos y demandas van a ser respetados y que cualquier manifestación ciudadana que no caiga en las esferas de la violación de un Estado de Derecho es una manifestación de democracia que merece ser respetada y escuchada por el poder.

- Exigir a las instituciones públicas del Estado dar respuestas claras y oportunas a los problemas que se viven actualmente en el país para evitar desenlaces imprevisibles.

Finalmente, manifestamos que en nuestra calidad de Organización de Derechos Humanos ejerceremos nuestro Derecho a velar porque éstos sean respetados como lo manda nuestra Constitución y el propio Plan Nacional de Derechos Humanos, convocando a otras organizaciones hermanas nuestras a sumarse para tal efecto.

Ciudad de La Paz, 8 de junio de 2016

Directorio
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo




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