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Los incluidos
Lunes, 25 de Abril de 2016

Todo indica que las políticas sociales carecen de planificación y de un plan coherente de asignaciones.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Ernesto Ichuta Nina
05:21 / 25 de abril de 2016
El problema de la inclusión social es un problema de política pública. Es decir, la inclusión de los sectores excluidos depende de las políticas sociales que puedan llevar adelante los gobiernos; por lo que en condiciones de pobreza y desigualdad, la inclusión constituye una especie de “antídoto” contra esos flagelos, que en el caso de nuestra región son históricos.

Dadas las características estructurales de nuestro país, las políticas sociales orientadas a la inclusión de los sectores excluidos han tenido cierta continuidad desde que se produjo el retorno a la democracia, aunque con variaciones muy importantes. Así, a diferencia de los exiguos programas sociales emprendidos por los diferentes gobiernos del periodo 1982-2005, en la última década el Gobierno ha llegado a implementar una serie de programas sociales, que para

Natasha Morales (La política social en Bolivia. Washington: BID, 2010) podrían ser resumidos en 12 programas que formarían parte del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 2006-2011.

Sin embargo, las cifras de los beneficiarios de esos 12 programas sociales son aún inciertas, y solo se conoce el número de beneficiarios de los proyectos más importantes. Así, para el 2014, según UDAPE, el Bono Juancito Pinto habría llegado a beneficiar a más de 2 millones de estudiantes; la Renta Dignidad, a más de 909.000 adultos mayores; y el Bono Juana Azurduy, a más de 234.000 madres gestantes y en estado de posparto.

No obstante, de acuerdo con un estudio de Javier Monterrey (Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe; Santiago: CEPAL, 2013), la protección social que tiene como componentes principales los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, que consistirían en programas de transferencias monetarias condicionadas; y la Renta Dignidad, que consistiría en una asignación universal para los adultos mayores, no tendrían definidos los grupos poblacionales a los cuales deberían beneficiar. Es más, el acceso a la seguridad social solamente cubriría a las personas empleadas de manera formal, por lo que beneficiaría directamente a los trabajadores asalariados de las áreas urbanas. Es decir, las políticas sociales habrían tendido a beneficiar a los sectores correspondientes a los quintiles de ingresos más altos. Ello sin mencionar la política salarial del Gobierno y las prestaciones complementarias que implementó, como el caso del segundo aguinaldo.

Por ello, para el PNUD, el nuevo rostro de Bolivia (2015) estaría representado por la ampliación de la clase media, que en 2013 estaba compuesto por el 56,1% de la población, precisamente sobre la base del incremento de los ingresos laborales en cerca de un 94% por persona. Pero este beneficio habría favorecido directamente a los sectores financiero, industrial, agropecuario; y en el caso de las ciudades, al sector público.

Por tanto, si bien desde el punto de vista estructural diferentes organismos han asegurado la reducción de la pobreza en el país, visto desde la estructura de clases, la clase media sería la gran beneficiaria de este hecho, porque habría experimentado un proceso de empoderamiento no solamente económico y social, sino también político, ya que como asegura el informe del PNUD, la educación sigue siendo un factor principal de empoderamiento. De ahí que en la composición social del Estado la presencia indígena podría ser asociada a su relación con la Conalcam, la que, según el estudio de Morales, tendría un peso gravitante en la definición de las políticas sociales, las cuales, sin embargo, desde el punto de vista de todos los estudiosos carecerían de planificación y de un plan coherente de asignaciones.


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